El caso y nuestro enfoque

D.A. fue imputado por el delito previsto en el artículo 292 del Código Penal, que sanciona la falsificación de documentos públicos. Desde el inicio, nuestra prioridad fue analizar todas las opciones legales disponibles para garantizar la mejor defensa posible. Dada la naturaleza del delito y la ausencia de antecedentes penales por parte de nuestro cliente, identificamos la suspensión de juicio a prueba como la mejor alternativa para evitar una condena.

La suspensión de juicio a prueba, o “probation“, es una figura contemplada en la ley argentina que permite la suspensión del proceso penal bajo ciertas condiciones, evitando así que el imputado sea condenado formalmente. Este beneficio no solo libera al acusado de las consecuencias penales inmediatas, sino que también permite una reparación simbólica del daño causado a la sociedad.

Nuestro equipo legal presentó la solicitud de suspensión ante el tribunal, resaltando que D.A. cumplía con todos los requisitos legales, entre ellos, la inexistencia de antecedentes penales y la voluntad de cumplir con las reglas de conducta que estableciera el tribunal. A lo largo del proceso, nos enfocamos en presentar una defensa sólida que destacara la disposición de nuestro cliente a reparar el daño causado.

Estrategia y negociación

Como parte de nuestra estrategia, propusimos que nuestro asistido realizara una donación de una suma en pesos a FUNDALEU, una entidad benéfica de reconocido prestigio. De esta manera, buscamos resarcir de forma tangible el daño causado. Asimismo, sugerimos la realización de 32 horas de trabajo comunitario en Cáritas, una organización con la que logramos acordar las condiciones necesarias para cumplir con las exigencias del tribunal.

El Ministerio Público Fiscal manifestó inicialmente su preferencia por las tareas comunitarias en lugar de la donación económica, ya que consideran que es importante que el imputado realice un esfuerzo físico y social en lugar de limitarse a una compensación monetaria. Tras una serie de negociaciones, logramos un acuerdo favorable para nuestro cliente: las 32 horas de trabajo comunitario se distribuirían a lo largo de un año, lo que permitiría a D.A. cumplir con sus obligaciones profesionales, que incluyen frecuentes viajes nacionales e internacionales.

Un beneficio tanto para el cliente como para la justicia

La obtención de la suspensión de juicio a prueba en este caso fue un éxito no solo para nuestro cliente, sino también para el sistema judicial. Este mecanismo permite que casos como el de nuestro cliente, donde el delito es grave pero las circunstancias personales del acusado sugieren una buena predisposición a reparar el daño, se resuelvan de manera más eficiente. La “probation” evita la condena y la estigmatización que conlleva, y promueve la reintegración social del imputado a través de su colaboración con la comunidad.

Para nuestro estudio jurídico, es fundamental encontrar soluciones que respeten tanto los derechos de nuestros clientes como los principios de justicia. La suspensión del juicio no solo beneficia al cliente, quien podrá continuar con su vida sin el estigma de una condena, sino que también alivia la carga del sistema judicial, que puede centrarse en casos de mayor relevancia.

Conclusión

En cada caso que asumimos, nuestro objetivo es lograr el mejor resultado posible para nuestros clientes dentro del marco legal. La suspensión de juicio a prueba obtenida en el caso de D.A. es un claro ejemplo de cómo una defensa jurídica bien planteada y ejecutada puede marcar la diferencia entre una condena y una segunda oportunidad.

Nuestro equipo de abogados trabaja incansablemente para encontrar las mejores soluciones, ya sea a través de la negociación o de los mecanismos legales disponibles. Nos enorgullece haber logrado este resultado para nuestro ahijado procesal, permitiendo que se eviten las consecuencias más severas de un proceso penal y que nuestro cliente tenga la oportunidad de reparar el daño y continuar con su vida sin el peso de una condena penal.