Nos mantenemos actualizados compartiendo novedades sobre casos reales de nuestro estudio y jurisprudencia relevante. Nuestra dedicación a seguir de cerca los avances legales y las decisiones judiciales nos permite ofrecer a nuestros clientes una visión informada y estratégica en sus asuntos legales.
En Estudio VBA, asumimos el compromiso de brindar una defensa técnica rigurosa y exhaustiva, orientada a garantizar los derechos procesales de nuestros clientes. El reciente caso de un imputado que enfrentaba cargos de distribución, ofrecimiento y tenencia de material de abuso sexual infantil junto con tenencia simple de estupefacientes, representó un desafío de alta complejidad jurídica que exigió una estrategia meticulosa y orientada a la obtención de un resultado que priorizara la reinserción social del encausado.
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Recientemente, logramos un resultado favorable en el Juzgado Criminal Federal Nro. 9, donde nuestros cliente estaba acusado de falsificación de documentos públicos. Gracias a nuestra estrategia jurídica, obtuvimos la suspensión de juicio a prueba, una solución que permitió evitar una condena penal y continuar con su vida sin las graves consecuencias que este tipo de procesos puede acarrear.
En Córdoba, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia en el caso "Trincheri, Agustina p.s.a. tenencia simple de estupefacientes -Recurso de Casación-" (SAC 9294522). La decisión de sobreseer a Agustina Trincheri ha generado controversia y llevó al fiscal de cámara de Villa Dolores, Dr. Sergio Gabriel Cuello, a interponer un recurso de casación. Este artículo analiza el caso, las implicancias de la sentencia y su relevancia en el derecho penal argentino.
En un evento significativo para el ámbito legal argentino, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 4 ha admitido recientemente una acción colectiva presentada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Este caso surge en respuesta a la Ley 27.739, su reglamentación mediante el Decreto 278/2024 y las Resoluciones 47/2024, 56/2024 y 48/2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que han generado un profundo debate sobre los límites de la confidencialidad en la relación abogado-cliente y la autonomía profesional.
