El proceso se inició a partir de una investigación internacional derivada de la “Operación Andino” llevada a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España. Esta investigación permitió identificar a múltiples usuarios de diversas jurisdicciones, entre ellos al imputado, quien fue vinculado a la distribución de material de explotación sexual infantil en grupos de mensajería como Signal y WhatsApp. Las pruebas recolectadas incluían no solo mensajes comprometedores que evidenciaban la intención de intercambio de archivos ilícitos, sino también la tenencia de más de 3.282 imágenes y 6.253 videos con contenido de abuso sexual infantil, almacenados en dispositivos incautados durante el allanamiento. Asimismo, durante dicho procedimiento, se secuestraron 145,13 gramos de marihuana, lo que derivó en la imputación por tenencia simple de estupefacientes.

El escenario procesal que enfrentábamos contemplaba una posible condena de 3 a 6 años de prisión para los delitos de distribución, ofrecimiento y tenencia con fines inequívocos de distribución de material de abuso sexual infantil (artículo 128 del Código Penal), con un máximo que, por concurso material, podía ascender hasta 20 años si se consideraban los hechos concurrentes. La gravedad de la imputación, sumada al reconocimiento expreso de responsabilidad efectuado por el encausado durante la audiencia de conocimiento personal, requería una estrategia jurídica que garantizara el cumplimiento de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de la pena.

El abordaje defensivo consistió en la negociación de un acuerdo de avenimiento en los términos del artículo 279 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPPCABA), lo que permitió arribar a una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional, evitando una pena de cumplimiento efectivo. La aceptación lisa y llana de los hechos por parte del imputado, su voluntad de someterse a un proceso de reinserción social y la ausencia de antecedentes penales resultaron elementos clave para sustentar la posibilidad de una ejecución condicional, conforme lo prevé el artículo 26 del Código Penal.

El acuerdo alcanzado contempló la imposición de reglas de conducta durante el plazo de 2 años, entre ellas, la obligación de fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, cumplir con evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para determinar la necesidad de tratamiento, desarrollar 100 horas de trabajos comunitarios, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, y realizar cursos de convivencia y prevención de consumos problemáticos. Este esquema de sanción no solo garantizó el cumplimiento de la pena en un marco de contención institucional, sino que también buscó prevenir la reiteración de conductas delictivas, priorizando la resocialización del imputado.

La homologación del acuerdo por parte del tribunal, el 27 de marzo de 2025, reflejó la solidez de la estrategia desplegada. La fundamentación de la sentencia destacó la racionalidad y proporcionalidad de la pena impuesta, atendiendo tanto a la gravedad de los hechos como a las condiciones personales del imputado. El análisis de las circunstancias del caso, en consonancia con lo dispuesto por los artículos 40 y 41 del Código Penal, permitió arribar a un resultado que equilibró el reproche penal con la posibilidad de que el imputado cumpla su pena en libertad bajo condiciones que fomenten su reinserción social.

Este caso evidencia cómo una defensa técnica eficaz y orientada a la protección de los derechos fundamentales del imputado puede incidir de manera determinante en el resultado del proceso. La correcta aplicación de las normas sustantivas y procesales, junto con una estrategia centrada en la negociación y el análisis pormenorizado de las pruebas, garantizó que la pena impuesta no solo resultara acorde a la gravedad de los hechos, sino que también preservara la posibilidad de reintegración del imputado a la sociedad.

En Estudio VBA, reafirmamos nuestro compromiso con una defensa penal de excelencia, donde la técnica jurídica y el respeto por los principios constitucionales guían cada una de nuestras intervenciones. Este caso, lejos de ser una excepción, es testimonio de nuestro esfuerzo constante por lograr resultados que, sin desconocer la gravedad de los hechos, aseguren que la pena impuesta sea justa, proporcional y respetuosa de los derechos fundamentales de nuestros defendidos.