Desde el principio, la vícitma sabía que el acusado, no era un simple funcionario más. Hijo de un diplomático de alto rango, su influencia y conexiones en un importante ministerio pesaban tanto dentro como fuera del caso. Además, el encartado formaba parte del movimiento político que entonces estaba en el poder, lo que significaba que mover la causa fue una tarea extenuante y llena de obstáculos. El año pasado, fue particularmente difícil lograr avances en el proceso judicial debido a estas conexiones políticas. La querella tuvo que medir cada paso que daba, consciente de que la denuncia que presentó no solo afectaría su vida personal y profesional, sino que también desataría un torbellino de presiones e intrigas dentro del sistema institucional en el que ambos trabajaban.
La querellante, lejos de contar con el apoyo del entorno laboral, vivió en carne propia las repercusiones de desafiar a alguien con poder. “Me aislaron en una oficina sin funciones por seis meses”, confesó en su declaración, haciendo referencia al castigo sutil que recibió dentro del Ministerio tras denunciar a su agresor. Este tipo de represalias evidencian cómo las instituciones pueden proteger a los suyos, incluso cuando las acusaciones son graves. Los testimonios de colegas y testigos revelan cómo su vida laboral se volvió un campo de minas: “Aún no me permiten acceder a mis funciones anteriores”, señaló nuestra asistida procesal.
A medida que el proceso avanzaba, las pruebas y testimonios mostraban un patrón de abuso sostenido. El agresor no solo habría aprovechado su poder para intimidar a la querellante, sino que también ejerció control psicológico sobre ella durante años, según los peritajes psicológicos. El control era tal, que la abogada Florencia Ana Barba, llegó a dudar de su capacidad para enfrentar el caso en un entorno hostil, con colegas y superiores que hacían caso omiso de las denuncias.
El testimonio de la víctima se intensificó cuando mencionó las amenazas directas que recibió del acusado: “Pensá bien lo que vas a decir, vos sabés cómo son las cosas acá”, le advirtió en una ocasión. Esta frase, cargada de subtexto, no solo era una advertencia personal, sino un recordatorio del sistema de poder que tenía esta persona a su disposición. Los intentos de la víctima por buscar justicia se veían enredados por las influencias del imputado, lo que hizo que, en más de una ocasión, el proceso judicial pareciera inclinarse a favor del acusado. Durante el año pasado, el avance de la causa fue entorpecido constantemente, ya que cualquier intento de mover el expediente se topaba con bloqueos y dilaciones que parecían responder a las mismas conexiones políticas.
A pesar de las dificultades, la abogada persistió. Su relato ante la Oficina de Violencia Doméstica fue un grito de ayuda que resonó no solo en los tribunales, sino también entre quienes observaban el caso desde las sombras. Sabía que su lucha no solo era por su propia integridad, sino también por cada mujer que alguna vez ha enfrentado situaciones similares en instituciones donde el poder político y las conexiones parecen estar por encima de la justicia.
La vícitma supo desde el principio que enfrentarse a alguien como este funcionario no sería fácil. Sabía que el camino estaría plagado de obstáculos institucionales y políticos, y que su propio entorno laboral no la apoyaría. Sin embargo, en lugar de desistir, decidió seguir adelante, con la convicción de que su causa no solo se trataba de obtener justicia por los abusos que sufrió, sino también de exponer cómo las estructuras de poder pueden entorpecer el acceso a la justicia.
Hoy, la batalla sigue en los tribunales. La querellante sigue adelante con su causa, a sabiendas de que su lucha es un símbolo de resistencia frente a un sistema que, en muchas ocasiones, busca proteger a los poderosos en lugar de a las víctimas. “Este caso es más grande que yo”, dijo la denunciante en una declaración reciente, subrayando que su lucha representa a todas las personas que alguna vez fueron silenciadas por el poder.
