El “mega-delito” económico ya hemos tratado estos hechos, en resonancia, en torno a principios del siglo XXI, en un trabajo al que remitimos al lector, lo que no impide que lo recordemos colocándolo . Es en la realidad actual:

• La rotación del fraude corporativo en América del Norte a finales del siglo XX y principios del XXI, liderado por ciertas empresas que negocian sus acciones en la bolsa de valores, a gran escala, involucrando a una gran cantidad de ahorradores, inversores y accionistas borrachos. La divulgación de situaciones económicas y financieras a través de informes financieros falsos o inexactos que muestren un “progreso económico espectacular” con ganancias igualmente notables solo puede llevar a una ruptura de proporciones de quiebra y fraude, al tiempo que revela la ineficiencia del cambio público (Comisión de Bolsa de Valores) y Auditoría Privada (Estudios de Auditoría), lo que impulsó a las autoridades a desarrollar de inmediato un completo sistema de prevención, control y sanción acorde a las necesidades para tratar de evitar o disuadir los grandes fraudes. No hay duda de que los infames casos de Enron y WorldCom dieron las primeras voces de ansiedad que sacudieron el mercado de valores de América del Norte, afectaron la confianza pública y dañaron irremediablemente los intereses de la sociedad, e incluso, si se quiere, sentaron las bases para una revisión completa del mismo. .sistema capitalista. Para evitarlo, entran en juego esquemas de transparencia públicamente reconocidos, como la Ley Sarbanes-Oxley, que impone nuevos patrones de gestión, información comercial y control (especialmente cuando se trata de estudios de auditoría).
• Los jueces argentinos son censurados porque no imitan a los jueces norteamericanos en casos infames, lo que demuestra valentía, objetividad y determinación. Creemos que esta censura es desproporcionada, en primer lugar, dimensionalmente no es lo mismo poner a los cientos de personas involucradas en estafas millonarias (en moneda dólar) y con trascendencia pública espectacular (grandes empresas, grandes capitales y grandes) en doc. número de accionistas), que jueces de directores, gerentes y contadores en una pequeña o mediana empresa, donde todos se conocen y la mayoría no siempre abusa de la minoría, sino que a veces sucede lo contrario. En segundo lugar, y sujeto a que en otros casos los jueces probablemente usarán una mayor dosis de “severidad y moralidad”, ciertamente no lo hacen para respetar los términos de la ley, para no ir. Más allá de lo que da y considera. No inmiscuirse demasiado en áreas donde ya han intervenido los consejos profesionales y la autoridad de control, especialmente cuando la autonomía de la voluntad prevalece en las sociedades cerradas. Sin embargo, si aún se cree que esta “fiesta” debe ser erradicada, habrá que intentar cambiar las leyes que lo permiten de manera ostensible, o adoptar otras más exigentes, como. Sucedió con decr. 677/2001 sobre transparencia en las compras públicas (luego reemplazada por la Ley 26.831 de 2012, su decreto reglamentario 1023 de 2013 y la Res. CNV 677/2013, que no parecen ser buenos sustitutos del anterior programa de transparencia) o en tecnología de control No .15, FACPCE, por la que se confirman las normas sobre la función del contador como administrador de sociedades; Pero es mejor cambiar la legislación sustantiva y por supuesto tener cuidado de no pasar de un régimen de libertad regulada a un régimen autoritario de libertad condicional, ya que esto implica el riesgo de socavar las bases notificadoras por parte de un sistema capitalista global. , en nuestra opinión hoy, decadente, y debe ser reformulado.
• La protección y control del accionista en una sociedad limitada familiar no debe ser en el mismo fervor ni en las mismas proporciones que en una gran sociedad limitada: el interés colectivo de la masa accionista merece mayor seriedad económica, ya que deriva de fuentes de interés público ahorros. Supera al individuo, da plena vigencia al principio de orden público sustancial en las sociedades “abiertas”. Esto es cierto, pero cuando se utiliza la figura “cerrada” o familiar como medio instrumental para cometer un delito económico, la intervención de control en ella debe penetrar como si se tratara de una SA “abierta” con importantes intereses colectivos a preservar.